Por Mariana Valenzuela S.
El año pasado, escuchamos de todo sobre la Ley de Acreditación de la Educación Superior. Desde que es la única manera de asegurar un mínimo de calidad, hasta que es un atentado contra la libertad. Sea buena o mala, hoy la ley está activa y lista para indagar en los cajones polvorientos de los centros educacionales.
La acreditación es un proceso opcional al que se someten los diferentes planteles que imparten educación superior -para pedagogía y medicina es obligatorio. El objetivo de la Ley es asegurar la calidad de los programas por carreras que imparten las distintas instituciones educacionales. Para realizar este trabajo se creó la Comisión Nacional de Acreditación del Pregrado, que comenzó sus labores en marzo. La comisión esta compuesta por expertos que se encargan de regular, según criterios establecidos, si las distintas instituciones están cumpliendo con los requisitos mínimos que el Estado pide. "La ley de acreditación [incluso otorga al Ministerio de Educación] las facultades para poder cerrar carreras y centros de educación”, aseguró la Ministra de Educación, Yasna Provoste.
¿Por qué la acreditación es importante para los estudiantes?
Porque permite que los alumnos puedan acceder a beneficios que entrega el Estado, como los créditos fiscales y garantiza que, a la hora de salir de la universidad, seamos trabajadores con estudios reconocidos en el mercado laboral.
Este año, hubo 65 instituciones bajo la lupa de la CNAP. Dentro de las universidades que fueron acreditadas por 7 años esta nuestra Ponti, la UDD, la Federico Santa Maria y la UCH. Pero también hubo reprobados: Universidad Adventista, la Arturo Prat, la Bolivariana, Universidad la Republica, de los Lagos, Universidad del Mar, Universidad Mariano Egaña y la UTEM. Ahora, estas universidades quedarán bajo la supervisión de la CNAP. Será hasta una próxima revisión.
Publicación en Revista Mosaico de la Feuc, septiembre 2007.
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